La digitalización de nuevos servicios públicos, el uso extendido de la inteligencia artificial y la seguridad de grandes volúmenes de datos son solo algunos de los aspectos que demandan innovación en la administración pública para el nuevo año. Estos desafíos son especialmente relevantes para lograr una administración más eficiente, accesible y transparente. Se trata de demostrar la capacidad de implementar políticas públicas y servicios de calidad más sencillos y accesibles en cualquier momento y lugar para los ciudadanos.
A día de hoy todavía existen muchos organismos públicos que carecen de las soluciones necesarias para responder eficazmente a las demandas digitales de los ciudadanos. Por ejemplo, en procesos como las solicitudes de subvenciones, el pico de demanda puede superar la capacidad de respuesta del sistema, generando cuellos de botella y plataformas que no están preparadas para recibir un alto volumen de solicitudes.
Para que no sucedan estos problemas, la empresa pública y los gobiernos necesitan tener una mentalidad ágil que les permita tener más proactividad, procesos más flexibles y operaciones más rentables. La implantación debe ir acompañada de estrategias más dinámicas e inteligentes que pasen por un cambio cultural, pensando en la formación de los trabajadores implicados y de la población en su conjunto.
Sin duda, se trata de un sector en creciente aumento en recursos e inversión. Tengamos en cuenta este dato: desde enero hasta septiembre de 2024 la inversión en tecnología de las administraciones públicas ascendió a 4.842 millones de euros, según el estudio realizado por la consultora Adjudicaciones y Licitaciones TIC (Tenderstool). De hecho, si tomamos como referencia datos de 2023, esta cifra se duplicó, sobrepasando los 8.000 millones de euros. Las provincias donde sucedieron más de un 50% de las inversiones fueron: Cataluña, Madrid y Andalucía.
¿ A qué 5 desafíos tecnológicos se enfrenta la administración pública?
1. Creciente demanda de los usuarios
Uno de los principales desafíos tecnológicos que enfrenta la administración pública es la creciente demanda de los usuarios por servicios más rápidos, eficientes y accesibles.
Los ciudadanos, cada vez más familiarizados con la tecnología en su vida diaria, esperan una administración pública que sea igualmente ágil y moderna en la entrega de sus servicios. Esta presión demanda que los gobiernos implementen soluciones tecnológicas que faciliten el acceso a trámites y servicios en línea, sin la necesidad de desplazarse físicamente, y que estos procesos sean seguros y transparentes.
La expectativa es que los servicios públicos no solo sean más eficientes, sino también más personalizados, con un enfoque centrado en las necesidades individuales de los usuarios. Esto implica que las administraciones públicas deben adaptarse constantemente a nuevas tecnologías, mejorar la experiencia del usuario y reducir la brecha digital para garantizar la inclusión de todos los ciudadanos.
2. Necesidad de optimizar recursos
Otro desafío clave al que se enfrenta la administración pública es la necesidad de optimizar recursos. Los gobiernos deben gestionar presupuestos públicos limitados mientras buscan ofrecer servicios de calidad a una población cada vez más demandante. La adopción de tecnologías avanzadas, como la automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos, se convierte en una herramienta crucial para maximizar la eficiencia operativa y reducir costos.
La optimización de recursos no solo se refiere al uso más eficiente del dinero público, sino también a la gestión efectiva del tiempo y el talento humano en la administración pública. Implementar sistemas tecnológicos que mejoren la planificación, la monitorización y la toma de decisiones permite a los gobiernos asignar recursos de manera más estratégica, reducir el desperdicio y garantizar que los servicios lleguen de forma más equitativa a todos los ciudadanos.
3. Brecha digital y resistencia al cambio
A pesar de los esfuerzos por digitalizar los servicios, persiste una brecha digital entre diferentes segmentos de la población, especialmente en áreas rurales o para personas con menor formación tecnológica. Esto limita el acceso igualitario a los servicios públicos digitales.
Por otro lado, los propios empleados públicos están acostumbrados a métodos tradicionales de trabajo y muestran resistencia al uso de herramientas digitales. La gestión del cambio se enfoca en preparar, respaldar y asistir a estos empleados en la adopción de nuevas tecnologías y procesos. Esto incluye comunicar de manera clara los beneficios de la transformación, involucrar al personal público en el proceso de cambio y ofrecer el apoyo requerido durante la transición.
4. Ciberseguridad
El aumento de los ciberataques y las amenazas a la privacidad hacen que la protección de la información pública sea una prioridad. La administración pública maneja grandes volúmenes de datos sensibles, como los de los ciudadanos, por lo que se necesita una ciberseguridad robusta para evitar brechas y fraudes.
5. Interoperabilidad entre sistemas
En muchos casos, las distintas entidades públicas no comparten fácilmente la información entre ellas debido a la falta de sistemas interoperables que permitan la integración y el flujo eficiente de datos. Esta falta de comunicación y coordinación entre las diferentes instituciones genera una serie de ineficiencias operativas, ya que cada entidad maneja sus propios registros y procesos de manera aislada.
Como resultado, se dificulta la colaboración interinstitucional, lo que retrasa la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas. Esta fragmentación en el intercambio de información afecta negativamente la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, quienes experimentan demoras, errores y una atención menos eficiente en diversas áreas como salud, educación, y seguridad.
Tendencias 2025 en innovación para el sector público
A continuación, detallamos las tendencias tecnológicas en la administración pública que no te puedes perder para estar preparado el próximo año.
1. Inteligencia artificial
En diciembre de 2023 la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo dieron el paso crucial para alcanzar el acuerdo en la nueva Ley de Inteligencia Artificial o AI Act. De manera muy resumida, la Ley de IA garantiza que los europeos puedan confiar en lo que la IA tiene para ofrecer.
Además de la ley, desde febrero de 2024, existe la Oficina Europea de IA, que supervisa el cumplimiento y la aplicación de la Ley de IA con los Estados miembros de la Unión Europea. Su objetivo es crear un entorno en el que las tecnologías de IA respeten la dignidad humana, los derechos y la confianza. También fomenta la colaboración, la innovación y la investigación en IA.
Si hablamos a nivel nacional, el 15 de mayo de 2024, el Consejo de Ministros aprobó la nueva Estrategia de Inteligencia Artificial (IA), que da continuidad a las iniciativas desplegadas por el Gobierno en la materia y las adapta a los cambios experimentados por esta tecnología en los últimos años.
En definitiva, a nivel legislativo la administración pública se está preparando para la implantación a gran escala de la IA y afrontar posibles problemas como la capacitación del personal, la confianza en estas tecnologías y el riesgo de deshumanización de ciertos servicios públicos.
Afortunadamente, los beneficios superan con creces las desventajas. La implementación de la IA permitirá la automatización de tareas repetitivas, la predicción y el análisis de datos en tiempo real, y la mejora en la personalización de servicios para los ciudadanos.
2. Seguridad
La protección de datos personales y de infraestructuras críticas es esencial para garantizar la confianza ciudadana. Uno de los pasos más importantes en la transformación digital es la implantación de tecnologías capaces de garantizar la seguridad, la privacidad de los datos almacenados en un servicio y su correcto tratamiento conforme a la ley.
Además, al tratarse de una cantidad muy grande de datos, como fotos, documentos, textos manuscritos y otros, es necesario que el servicio ofrezca tecnologías de respaldo para evitar la pérdida de datos públicos, que incluso pueden ser auditados.
Los beneficios para la administración pública al aplicar correctamente sistemas de seguridad robustos permiten:
- La reducción de vulnerabilidades en infraestructuras críticas.
- El cumplimiento de normativas de protección de datos (GDPR).
- Minimización de riesgos (utilizando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para la detección de amenazas).
3. Migración a la nube y modernización de infraestructuras
Muchas administraciones públicas aún dependen de sistemas tecnológicos obsoletos, lo que dificulta su capacidad para implementar soluciones más modernas y ágiles.
La migración a infraestructuras digitales más avanzadas y la modernización de los sistemas heredados es un proceso lento y costoso. Por ello, la migración a la nube es una de las tendencias más importantes en las administraciones públicas, permitiendo una mayor flexibilidad, escalabilidad y accesibilidad a los servicios. Entre sus múltiples beneficios se encuentran:
- Reducción de costes.
- Escalabilidad inmediata.
- Mejora en la accesibilidad de los servicios públicos.
4. Big Data
El análisis de grandes volúmenes de datos permite a los gobiernos obtener información valiosa sobre patrones y tendencias en áreas como salud, educación, seguridad y transporte, facilitando la identificación de problemas y la predicción de necesidades futuras.
Con el uso de Big Data, las administraciones públicas pueden ofrecer servicios más personalizados, optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y diseñar políticas públicas más efectivas y basadas en evidencia. Además, esta tecnología promueve la transparencia al hacer que los datos del gobierno sean más accesibles y utilizables para la ciudadanía, contribuyendo a una gestión pública más inteligente y orientada a resultados.
Algunos de sus beneficios son:
- Optimización de recursos a través del análisis predictivo de datos.
- Mejora en la planificación de políticas públicas.
- Capacidad para identificar problemas emergentes en tiempo real.
5. Internet en las cosas
En 2025, el Internet de las Cosas (IoT) se consolidará como una de las principales tendencias de innovación para el sector público debido a su potencial para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. IoT permite la interconexión de dispositivos y objetos a través de Internet, lo que posibilita la recolección de datos en tiempo real y la automatización de procesos.
En el sector público, esto se traduce en aplicaciones como la gestión inteligente del tráfico, la monitorización de infraestructuras, la optimización de recursos energéticos y la mejora en la prestación de servicios de salud y educación.
Al integrar IoT en áreas clave, los gobiernos pueden obtener información precisa y actualizada para tomar decisiones más informadas, mejorar la sostenibilidad urbana, reducir costos operativos y, en última instancia, brindar una experiencia más personalizada y eficiente a los ciudadanos.
Conclusiones
La innovación constante y la adaptación a nuevas tecnologías son clave para asegurar la relevancia y eficiencia del sector público. Una administración pública que cumpla con los requisitos tecnológicos en 2025 será capaz de ofrecer soluciones efectivas a problemas recurrentes, mejorando la eficiencia, eficacia, productividad y, en muchos casos, la excelencia en los servicios.
El éxito de la transformación digital en las administraciones públicas dependerá de la capacidad para abordar estos desafíos de manera estratégica, maximizando los beneficios de la tecnología mientras se minimizan los riesgos asociados.
