Hoy en día la protección de los datos adquiere un papel crucial, ya que la información manejada para la seguridad en la Administración Pública suele incluir datos sensibles, documentos oficiales, registros ciudadanos, fotografías y otros tipos de archivos que requieren un manejo meticuloso y seguro.
Sin embargo, a pesar de que el Esquema Nacional de Seguridad establece un marco normativo obligatorio para garantizar la ciberseguridad en el sector público, el nivel de certificación en la Administración Pública queda rezagado frente al privado. De hecho, solo en los primeros meses de 2024, el sector ya había sufrido 25.000 ciberataques.
Dada la magnitud y diversidad de los datos que se gestionan diariamente, es imprescindible que los servicios tecnológicos implementados cuenten con sistemas robustos de almacenamiento, cifrado y respaldo. Estas tecnologías deben ser capaces de prevenir la pérdida accidental de información, así como de proteger los datos contra posibles ciberataques, accesos no autorizados o fallos técnicos. Además, el sistema debe permitir la trazabilidad de los datos y garantizar su disponibilidad en caso de auditorías internas o externas.
La capacidad de recuperación ante desastres y la redundancia en el almacenamiento son otros factores críticos. Las soluciones basadas en la nube pública ofrecen herramientas avanzadas para la automatización de copias de seguridad, la sincronización en tiempo real y el acceso remoto seguro a la información. Estas características no solo aumentan la eficiencia operativa de las instituciones públicas, sino que también refuerzan la confianza de los ciudadanos en la gestión transparente y segura de sus datos.
La importancia de la nube pública para velar por la seguridad del sector público
En el contexto de la transformación digital de la Administración Pública, la elección de un proveedor de servicios en la nube pública, como Google Cloud o Amazon Web Services (AWS), es un factor determinante para garantizar la seguridad y la integridad de los datos.
Estos proveedores no solo ofrecen plataformas tecnológicas robustas, sino que también cuentan con certificaciones internacionales que garantizan el cumplimiento de normativas de seguridad y privacidad, como el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y otras regulaciones locales específicas para el sector público.
Además, Google Cloud y AWS destacan por su infraestructura avanzada, que incluye herramientas de cifrado de extremo a extremo, sistemas de autenticación multifactor y servicios de monitoreo constante para detectar y prevenir posibles vulnerabilidades.
La colaboración con proveedores de nube pública también facilita la escalabilidad de los servicios y la flexibilidad operativa, permitiendo que las instituciones públicas puedan adaptarse a las demandas crecientes de almacenamiento y procesamiento de datos. Al elegir proveedores reconocidos a nivel mundial, el sector público no solo asegura una infraestructura confiable, sino que también demuestra un compromiso claro con la protección de la información ciudadana y la transparencia en sus operaciones.
Seguridad en la administración pública: nube pública vs servidor on-premise
La gran ventaja de la nube pública frente al servidor on-premise es que la empresa, en este caso del sector público, delega el cumplimiento normativo de la infraestructura al proveedor de la nube. Y, este proveedor en la nube pública, ya incluye en fase de diseño de sus servicios toda la normativa vigente para estar certificados en fase de comercialización.
Actualmente prácticamente todos los servicios que se consumen en nube pública están certificados con la ISO 27001 o certificación de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el estándar internacional que respalda la excelencia en la gestión de la seguridad de la información. Un proveedor de nube pública que obtenga esta certificación garantiza:
- Confidencialidad: Protección de la información contra accesos no autorizados.
- Integridad: Precisión y completitud de la información y los métodos de procesamiento.
- Disponibilidad: Aseguramiento de que la información y los servicios asociados estén disponibles para los usuarios autorizados cuando se necesiten.
Por otro lado, al delegar ciertas tareas en el proveedor de nube, se reduce de manera significativa el esfuerzo necesario para garantizar la seguridad, así como la probabilidad de dejar expuesta alguna capa susceptible a ataques. Los proveedores de nube adoptan un enfoque proactivo, actualizando constantemente versiones de sistemas, componentes y protocolos a las más recientes. Esto permite a la Administración Pública mantenerse siempre actualizada, reduciendo así el riesgo de sufrir ataques que aprovechen vulnerabilidades en versiones obsoletas.
Más beneficios en seguridad para la Administración Pública gracias a la nube pública
- Data centers en España. Proveedores como Google Cloud y AWS han establecido infraestructuras en territorio español que cumplen con estrictos estándares de seguridad, confidencialidad y soberanía de datos. Además, los centros de datos ubicados en España facilitan el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otros marcos legales nacionales, asegurando que los datos públicos permanezcan dentro del territorio español y bajo jurisdicción local. Esto proporciona una capa adicional de confianza para las instituciones públicas, al reducir los riesgos asociados con la transferencia internacional de datos.
- Acceso solo para usuarios autorizados. Otro aspecto clave en la seguridad proporcionada por la nube pública es la implementación de las suites de Identidad y Gestión de Acceso (IAM, por sus siglas en inglés). Estas herramientas permiten definir políticas precisas de acceso a los recursos y datos, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan interactuar con información crítica. Gracias a las políticas de acceso condicional, es posible establecer reglas específicas basadas en el contexto, como la ubicación del usuario, el dispositivo utilizado o la hora de acceso. Asimismo, las plataformas en la nube permiten obligar el uso de un segundo factor de autenticación (2FA), lo que añade una capa adicional de seguridad al proceso de acceso. Además, las herramientas IAM permiten bloquear el acceso a usuarios o direcciones IP provenientes de regiones o países específicos, reduciendo significativamente el riesgo de accesos no autorizados desde ubicaciones sospechosas. Estas capacidades no solo mejoran la protección de los sistemas y datos públicos, sino que también proporcionan mayor control y visibilidad sobre quién y cómo se accede a los recursos digitales.
- Escaneo y análisis de vulnerabilidades en tiempo real: Al identificar posibles riesgos de seguridad, los proveedores de nube pública generan alertas automáticas y proponen soluciones específicas para mitigar las amenazas de manera proactiva. Por ejemplo, Google Cloud Security Command Center y AWS Security Hub no solo realizan análisis periódicos de los sistemas, sino que también integra capacidades avanzadas de inteligencia artificial y machine learning para detectar patrones anómalos en el tráfico de datos o en el comportamiento de los usuarios. Esto facilita una respuesta rápida ante posibles incidentes de seguridad y ayuda a prevenir ataques antes de que puedan comprometer la integridad de los sistemas.
Seguridad en la Administración Pública: conclusión
En resumen, la transformación digital en el ámbito público no puede desvincularse de la implementación de tecnologías sólidas y confiables, como la nube pública, que garanticen la seguridad, la privacidad y la integridad de los datos. La adopción de estas herramientas no solo es una necesidad técnica, sino también un compromiso ético y legal con la protección de la información pública y el adecuado funcionamiento de la Administración Pública.
